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 ARGENTINA
17/07/2017
Conflicto en el CONICET
Científicos contra del ajuste en Ciencia y Técnica

La Red Federal de Afectadxs es un modo de organización inédito en el campo científico argentino que se constituyó en diciembre de 2016 luego de la toma del Ministerio de Ciencia y Técnica y la firma de un Acta Acuerdo para la reincorporación de los científicos excluidos  del CONICET. Funciona a través de un mecanismo de coordinación nacional que de manera democrática y federal agrupa y representa a esos 500 científicos que recibieron recomendaciones para ingresar a la Carrera de Investigador Científico de CONICET pero quedaron dentro de una Resolución que denegaba su ingreso debido a la drástica reducción en el Presupuesto 2017 en Ciencia y Técnica.
Por Guadalupe Maradei

Red Federal de Afectadxs (RFA) representa a los afectados de los Centros Científicos Tecnológicos (CCT) e institutos de Bahía Blanca, CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Gran Buenos Aires, Jujuy, La Pampa, La Plata, Mendoza, Mar del Plata, Misiones, Patagonia Norte (Río Negro y Neuquén), Rosario, Salta, Santa Fe, San Juan, Santiago del Estero, Tandil, Tierra del Fuego y Tucumán. Participan con un representante de cada uno de los siete CCT en las reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento (tres hasta el momento: en febrero, abril y mayo) para la incorporación de los 500 científicos a la CIC.
Desde diciembre a esta parte, la RFA ha participado de los tres Plenarios Nacionales de Ciencia y Técnica (celebrados en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe respectivamente) y de las Asambleas de Trabajadores de Ciencia y Técnica de cada región, ha mantenido reuniones con diputados y senadores para llevar adelante proyectos de Ley y pedidos de informe para frenar el vaciamiento del sector, ha realizado ferias de ciencias en las distintas ciudades abiertas a toda la ciudadanía para dar a conocer los resultados de las investigaciones, ha participado de conferencias y mesas debate sobre el ajuste en CyT, y ha tenido una activa presencia en los medios de comunicación para informar a la comunidad acerca del avance (mejor dicho, retroceso) del conflicto iniciado en diciembre y para desmontar las falacias y representaciones tergiversadas de los científicos que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la presidencia del CONICET han tratado de instalar para desprestigiar un trabajo que desarrolla desde hace años con responsabilidad, esfuerzo y pasión, y así justificar el desmantelamiento de los organismos de Ciencia y Técnica del país.
A pesar del trabajo sostenido de la RFA para garantizar las vías de diálogo y negociación pactadas en el Acta Acuerdo, el MinCyT-CONICET ha demostrado en varias ocasiones su voluntad de desconocer a la Comisión Mixta de Seguimiento como instancia ineludible para la articulación de las reincorporaciones. Ha trascendido que instituciones que no se dedican a la investigación como el Archivo General de la Nación, el Instituto Malbrán, o el Instituto del Agua han recibido listas con nombres y perfiles profesionales de científicos afectados para que puedan entrevistarlos sin anoticiar a los afectados y sin precisiones acerca del tipo de contratación y tarea a desarrollar que el Acta Acuerdo contempla.
Este modus operandi no se revirtió pese a que la RFA comunicó su preocupación a través de notas a las autoridades del MinCyT-CONICET y en forma personal en las reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento. Por el contrario, el 11 de mayo pasado, tuvo lugar la Tercera Mesa de la Comisión Mixta de Seguimiento pero dos días antes, distintos medios de comunicación informaron acerca de un supuesto convenio entre el Ministerio de Ciencia y Técnica (MinCyT) y el Ministerio de Educación y Deportes por medio del cual se buscaría ubicar a los investigadores afectados por el recorte en el CONICET en universidades nacionales. No se dieron precisiones al respecto durante la mesa de seguimiento a pesar de que fueron exigidas por las organizaciones presentes.
A partir de ese día y hasta el día de hoy, no ha existido ningún tipo de comunicación del MinCyT hacia la (RFA) ni ninguna de las organizaciones del sistema de CyT, aun cuando –de acuerdo a lo pactado– debería convocarse a la Cuarta Mesa a más tardar a fin de junio. No obstante, la RFA ha tomado conocimiento por vías informales de que el MinCyT, a través del Mg. Lucas Luchilo y el Lic. Agustín Campero, se ha contactado con las universidades nacionales para avanzar con su plan de inserción. Por esta razón, participamos de la última reunión el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que tuvo lugar el 5 de junio en la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Al día siguiente del plenario del CIN existió otra reunión entre el MinCyT, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y el CIN. En esta última participó el ministro Lino Barañao. Tampoco fueron convocados a ni anoticiados de dicho encuentro, aun cuando presentaros personalmente una carta al Dr. Barañao pidiéndole una reunión sin mediaciones. Los resultados de esta reunión llegaron ayer a través de un informe redactado por el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Juan Carlos Del Bello.
De acuerdo con dicho informe, se ha tomado la decisión política de crear 410 cargos docentes de tiempo completo en universidades nacionales para incorporar a quienes, habiendo ganado el concurso para ingreso al CONICET, no fueron efectivizados debido al recorte presupuestario. Los restantes afectados serían ubicados en organismos de ciencia y técnica tales como la CNEA, el INTA, etc. Las categorías de los cargos docentes corresponderían a la de Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) y en carácter de interinos (es decir, sin estabilidad laboral, ya que cada cargo deberá volver a concursarse).
Asimismo, según el Informe, el plan del gobierno no contempla el respeto por los lugares de trabajo de los investigadores afectados, sino que, por el contrario, necesariamente supondrá la relocalización forzada de decenas de ellos. En este punto, es válido aclarar, frente a la representación tergiversada que intentó instalar el Gobierno de los afectados como “jóvenes becarios”, que los afectados son investigadores de trayectoria, con doctorados y posdoctorados, reconocidos nacional e internacionalmente, la mayoría de los cuales tienen familia y estrechos lazos construidos a lo largo de muchos años y equipos de trabajo. Por lo cual, la relocalización no es un punto menor, puesto que el desarrollo de las líneas de investigación propuesto en la mayoría de las solicitudes se enmarca en un lugar y equipo de trabajo específico.
Por otra parte, este proceso de relocalización no busca solucionar la desigual distribución de los investigadores en las universidades nacionales. Si así fuera, el Poder Ejecutivo tiene herramientas de mayor y mejor alcance como la ampliación de las vacantes de becas para zonas de prioridad geográfica, el afianzamiento de la infraestructura de las universidades nacionales con menor cantidad de postulaciones, cambios en las pautas de evaluación, etc. En este caso puntual la relocalización forzada no hace más que dejar en evidencia la ausencia de planificación en la materia, al presentar la solución más como un castigo que como un premio.
Antes estos sucesos, los investigadores de la RFA siguen organizando y evaluando las medidas a tomar para frenar esta embestida que atenta contra la posibilidad misma de hacer ciencia en y para el país.

 
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